miércoles, 13 de junio de 2012

Presenta el presidente Felipe Calderón nuevas iniciativas contra corrupción


El presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó iniciativas de ley mediante las cuales se castigará al funcionario público que reciba dinero o beneficios y a quien los ofrezca, además de que se recompensará a los ciudadanos honestos y comprometidos que denuncien actos de corrupción.


En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario firmó las iniciativas de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos.



Expuso que con ellas se refuerza el compromiso del gobierno federal en el combate a ese cáncer social. “No podemos permitir que siga lastimando a los mexicanos ni que reduzca la competitividad o detenga el crecimiento del país”.



Calderón Hinojosa señaló que a través de estas iniciativas se busca hacer más sencilla y segura para los ciudadanos la denuncia de actos de corrupción.



“La iniciativa establece con claridad bases para que los ciudadanos presenten su denuncia, define los procedimientos de protección a los denunciantes, y prevé un mecanismo de estímulos económicos y reconocimientos a quienes contribuyan a identificar o a acreditar conductas corruptas”, explicó.



El presidente destacó además que si bien durante mucho tiempo se ha perseguido la corrupción en el ámbito de la autoridad es tiempo de ver este fenómeno de manera integral, en el que es culpable tanto el que ofrece dinero, dádivas o beneficios, como el que las recibe.



“Se trata de castigar no sólo a quien se deja corromper, sino a quien corrompe”,
Mencionó que se busca sancionar severamente a ambos. La multa que prevé la ley para el servidor podrá alcanzar 30 por ciento del valor del contrato que se obtuvo de manera irregular, y los particulares que violen la ley podrían estar impedidos para volver a participar en contrataciones públicas por un periodo de ocho años.



Esta iniciativa, expuso Calderón Hinojosa, abre una vía legal para combatir la corrupción frontalmente, no sólo en el ámbito del gobierno federal sino en el de la sociedad y de las empresas que promueven la corrupción.


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